El Congreso aprobará previsiblemente el jueves la derogación del prerregistro de energías renovables.
Aprean pide a Gobierno que les escuche ante el «inaceptable» cambio de normativa que paralizará las renovables.
«La enmienda del Senado en materia energética supondría la muerte de la industria termosolar en España»
El Congreso de los Diputados derogará previsiblemente el jueves el registro de preasignación para las energías renovables, después de que el Senado hiciera lo propio la pasada semana gracias a los votos de CiU y del PSOE.
Fuentes del sector consultadas por Europa Press dan por hecho que se producirá un voto en este sentido en el pleno del jueves porque la medida contará con el apoyo de estas dos formaciones, mientras que fuentes de los grupos parlamentos se limitan a decir que los equipos económicos de cada uno de ellos siguen estudiando su postura.
La derogación aparece recogida en la Ley de regulación de las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario), a través de una enmienda que anula el artículo 4 del reciente real decreto ley 6/2009 y otras dos disposiciones transitorias.
La derogación se produce a pesar de que a finales de septiembre Industria ya resolvió favorablemente las primeras 36 solicitudes del régimen especial, fotovoltaica excluida, con una potencia en conjunto de 767 megavatios (MW) para la tecnología eólica, 50 MW para la solar termoeléctrica, 34 MW para biogás y 1 MW para cogeneración.
La enmienda también modifica los artículos 17.c y 22 del real decreto 661/2007, que regula la actividad de producción en el régimen especial. En su formulación inicial, la norma decía que, una vez superado el 85% del cupo asignado para cada tecnología, tras el que Industria tiene tres meses para publicar una nueva norma, se daría un año para permitir a las nuevas instalaciones entrantes acogerse al 661/2007.
Con los cambios aplicados, que intentan evitar un año de carrera especulativa como la que se produjo en el sector fotovoltaico, las instalaciones que superen el cupo cobrarán de forma transitoria el precio de mercado del ‘pool’ y, una vez aprobada la nueva norma, recibirán las nuevas primas más la liquidación correspondiente por el tiempo que hayan pasado en situación provisional.
La derogación ha generado gran malestar en las asociaciones empresariales de energías renovables. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) reclama «estabilidad regulatoria» y la aprobación «urgente» de un nuevo marco regulatorio para el sector, mientras que la Asociación Española para la Promoción de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar) ha amenazado con demandas patrimoniales contra el Estado.
La Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean Renovables) pidió hoy al Gobierno de la Nación que escuche a los empresarios del sector como «principal afectado» en el posible cambio de normativa en materia de renovables, un cambio que calificó de «tremendamente inaceptable» por la «parálisis» que provocará en un sector creador de empleo y riqueza.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de Aprean, Mariano Barroso, subrayó que «no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del camino» y mostró su «incertidumbre» ante lo que pueda ocurrir en el sector a partir de este jueves, si sale adelante en el Congreso la enmienda de planteada por CIU de derogar el artículo del Real Decreto Ley 6/2009, por el que se creaba el mecanismo de Registro de Preasignación para las energías renovables, y aprobada en el Senado.
En este sentido, explicó que los proyectos que desarrolla este sector cuentan con una vida media mínima de 20 años ante los que «no caben imprecisiones normativas ni constantes cambios», por lo que se preguntó que entidad financiera financiará a unas instalaciones renovables, con costes que ascienden a 300 millones de euros, si no existe certeza de los beneficios que obtendrá.
«No se puede parar un sector en auge con este tipo de decisiones», recalcó el directivo, quien alertó sobre la negativa situación que acarrearía un sector con «parálisis» de inversiones, «clave» en el cambio de modelo y ante un «panorama de crisis» en el que se constituye como un ámbito creador de empleo.
De este modo, reconoció que la normativa puesta en funcionamiento esta primavera se aceptó «más mal que bien», ya que obligó a las empresas a recabar «exhaustivas» documentaciones para obtener los permisos pertinentes para las plantas, una nueva documentación que suponía costes de unos 30.000 euros por expediente.
«Todas las empresas comenzaron trabajaron duramente para cumplir con la exhaustiva documentación, hasta las que ya estaban prácticamente en funcionamiento», añadió Barroso, quien calificó como «tremendamente inaceptable» el posible cambio de normativa «una vez que comenzaba a andar».
Barroso reiteró las negativas consecuencias directas que conllevaría esta situación, apuntando a la paralización del sector, especialmente de la relativa al desarrollo termosolar, al plantear unos topes «muy inferiores» a los megavatios que ya se están construyendo.
EFECTOS EN LA INDUSTRIA TERMOSOLAR EN ESPAÑA
La nueva ley para la regulación del sector de energías renovables aprobada el 7 de octubre en el Senado tendrá como consecuencias efectos irreversibles sobre el sector termosolar en España provocando la paralización de todos los proyectos que no tengan posibilidades de entrar en el cupo de 500 MW. Las consecuencias serán de enorme magnitud en empleo y en daños patrimoniales a nuestras empresas. Esta nueva regulación derogaría la que sorpresivamente estableció el Ministerio en mayo con el RDL 6/2009.
Como esta ley tendrá que ser ratificada en el Congreso se está todavía a tiempo de evitar el desastre.
La tecnología termosolar había puesto a España en una situación poco habitual de liderazgo internacional en un momento en el que se abren perspectivas de importantes mercados en otras regiones del mundo como Estados Unidos o los países del norte de África. El volumen de obra en curso en España, con las aproximadamente 30 plantas (1500 MW) que se encuentran en construcción, se sitúa en unos 10.000 M€.
La nueva ley supone que solo 500 MW podrán recibir la prima vigente actualmente con lo que el resto (1000 MW), iniciados con expectativas firmes dentro del marco del R.D. 661/2007 quedaría en una situación de incertidumbre que no podrá ser asumida por las instituciones financieras y que traerá consecuencias dramáticas para fabricantes, constructores e inversores ante la posibilidad de que se cancelen los préstamos y se exija la devolución del dinero dispuesto. Los daños estarían por encima de los 5000 M€ y generarán un aluvión de demandas por responsabilidad patrimonial al Estado Español.
Además de los daños a los promotores de las plantas en construcción, también se causarían graves perjuicios a los promotores que presentaron sus expedientes a la inscripción en el registro de preasignación y que totalizaban unos 4300 MW repartidos en unas 100 plantas. Dichas empresas habrían invertido no menos de 25 M€ por planta al haber tenido que desarrollar los proyectos, reservar los componentes principales, el punto de acceso a la red etc.
Esta ley tendría también consecuencias muy negativas en nuestra posición tecnológica y en el mantenimiento de nuestras capacidades de ingeniería con la destrucción de grupos humanos de alta cualificación.
Las últimas actuaciones del Ministerio de Industria, con tres cambios legislativos en dos años colocan a España como un país en el que no existe seguridad jurídica para las inversiones provocando un descrédito internacional de consecuencias incalculables. Muchos de estos proyectos estaban financiados por bancos extranjeros que no dan crédito a los atentados a la seguridad jurídica en un país europeo provocados por las improvisaciones de los responsables del Ministerio.
El apoyo a la penetración de las renovables en el mix de generación tiene evidentemente unos costes pero que, en todo caso, son inferiores a los efectos positivos que las energías renovables reportan a la Sociedad, en términos de empleo, de seguridad energética, de disminución de importaciones, así como relativos al cumplimiento de los objetivos vinculantes de nuestro país en el horizonte 2020 y de cumplimiento del protocolo de Kioto en el cambio climático.
En este sentido llamamos la atención sobre la dicotomía entre el discurso del Presidente del Gobierno y las actuaciones del Ministerio de Industria que con esta actuación defienden los intereses de los sectores de carbon y de los propietarios y promotores de los ciclos combinados. Al Presidente de Gobierno le corresponde posicionarse el jueves 22 de octubre, cuando se vote la ley en el Congreso, entre el apoyo a la progresiva penetración de las energías renovables o la defensa de los intereses de los sectores de gas y carbón con las consecuencias ya mencionadas para la tecnología termosolar de “ser o no ser” y el cumplimiento o no de los compromisos internacionales de nuestro país.
El desconcierto ante la situación nos lleva a exigir una vez más que este tipo de actuaciones sean consecuencia de reflexiones y análisis con los expertos de los sectores y no de responsables políticos sin más debate que, además de querer convertirse en legisladores aprovechando argucias para aprobar leyes trascendentes (también se hizo la anterior por la vía de Real Decreto Ley cuando debería haberse tenido que debatir como Ley en el Parlamento) han demostrado tener un profundo desconocimiento del sector.
A continuación aportamos algunos datos para que pueda apreciarse la magnitud del disparate que podría producirse con la aprobación de la Ley SOCIMI:
Volumen de obra en curso: cerca de 10.000 M€ en los 1500 MW en construcción . En gran parte ya había sido paralizada por la demora en las resoluciones de inscripción al registro abierto por el RDL 6/2009. Con esta ley resultarían en gran medida abortadas casi totalmente.
Empleo generado: Cada planta de 50 MW requiere el equivalente a 10.000 empleos-año para la fabricación de los componentes, construcción, servicios auxiliares, etc. Una vez en funcionamiento el empleo directo es de 50 trabajadores por planta para su operación y mantenimiento.
Las 30 plantas que se encontraban en construcción requerirían por tanto 300.000 empleos equivalentes año, una buena parte de los cuales corresponderían a regiones españolas con elevada tasa de paro y bien necesitadas de impulso económico. Entendemos que sus representantes institucionales no se van a resignar a perder esta opción.
Sectores:
– I+D y sector fabricantes: El mercado en España había incentivado importantes inversiones empresariales, nacionales y extranjeras así como numerosos proyectos de desarrollo tecnológico conjunto entre empresas y centros de investigación. Con esta ley muchas fábricas se cerrarán y la tecnología se desarrollará fuera de España.
– Ingeniería: la nueva ley provocará el despido de grupos de trabajo cohesionados de alta cualificación en bastantes empresas.
– Constructores: La nueva ley provocará grandes pérdidas por la paralización de la obra y la pérdida de liderazgo para proyectos en el exterior.
– Inversores: De aprobarse la ley tendrían fuertes pérdidas de su propio patrimonio y se verían obligados a la devolución de las importantes sumas de préstamos dispuesto en función del grado de avance del proyecto. Cada proyecto de central termosolar de 50 MW requiere una inversión de entre 200 y 300 M€ en función de que utilice o no sistema de almacenamiento.
Fuentes: protermosolar , ecodiario
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Nuevo tropiezo, falta de previsión y de planificación de Industria en uno de los pocos sectores en auge de nuestro país, y en plena crisis… cambio de una ley de pocos meses de vida… decepcionante.
Mientras se habla de esto al otro lado del Atlántico…