Las nuevas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno «hacen la ficción de que son unos impuestos para las empresas, pero se van a repercutir sobre el consumidor»
El 80% de las nuevas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno en el sector eléctrico acabará repercutiendo sobre el consumidor final de electricidad, mientras que el 20% restante deberá ser asumido por la cogeneración, la industria y la tecnología solar, afirmó el expresidente de Red Eléctrica de España (REE) Luis Atienza en una jornada sobre energía organizada por el PSOE en el Congreso.
«Hacen la ficción de que son unos impuestos para las empresas, pero se van a repercutir sobre el consumidor», afirmó Atienza, antes de advertir de que los mercados a plazo de la electricidad «ya están anticipando»un aumento de precios relacionado con estas medidas. Las principales eléctricas, señaló, trasladarán al consumidor el nuevo impuesto del 6% a la producción, mientras que los llamados ‘céntimos verdes’ al gas, carbón y fuel podrán cargarse sobre el ‘pool’ eléctrico, ya que gravan las tecnologías más caras, que son las que marcan el precio del mercado mayorista para todas las fuentes de generación.
«Se ha optado por un diseño fiscal que, en la medida en que pone el máximo peso sobre las tecnologías marginales, asegura la generación de ‘windfall profits‘ sobre otras tecnologías, que podrán recuperar la carga fiscal», afirmó en alusión a la nuclear e hidráulica, a priori afectadas por la nueva fiscalidad. Atienza señaló que «ni siquiera está asegurado» que las nuevas medidas «vayan a acabar con el déficit de tarifa«. «Podemos encontrarnos con que en realidad el déficit de tarifa haya sido una coartada sin resolver los problemas del sistema eléctrico», afirmó.
Las nuevas medidas «no forman parte de una hoja de ruta» y se han diseñado «de forma que parezcan impuestos que pagan las empresas, cuando en realidad se hacen para que las empresas sean las que pasen luego la factura a los consumidores», aseguró. El expresidente de REE consideró necesario modificar los esquemas regulatorios de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 y pidió que cualquier reforma energética sea «transparente, debatida y tendente al consenso».
Se suma también el problema de los extracostes extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) del sistema eléctrico. El Gobierno ha suspendido la norma que traslada este coste desde la tarifa de luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que añade presión sobre el sistema eléctrico.
Fuente: Ecoticias
