Accionamos un interruptor y listo. La electricidad nos lo facilita todo hoy en día. Sin luz, retrocederíamos 200 años. Sólo nos acordamos de que existe cuando falla, sin embargo: ¿de dónde procede? ¿Pagamos lo que cuesta? ¿Qué es eso del déficit tarifario y de que nos tocará pagar más, mucho más en la factura de la luz?. Rec ha seguido la pista de las eléctricas, desde los centros de producción-molinos de viento de Iberdrola, campos fotovoltaicos en Navarra, centrales hidroeléctricas de Gas Natural Fenosa en Galicia- hasta el contador de un particular buscando responder a estas preguntas.

En ¿Quién hace la luz? la reportera Laura Gimeno ha entrado en el centro de control de Red Eléctrica Española para entender cómo se distribuye y en la sede del operador Omel para asistir a la subasta permanente que marca el precio de la electricidad.

El objetivo: explicar cómo funciona un mercado muy complejo pero que nos afecta de lleno como ciudadanos; entender en definitiva ¿quién hace la luz?

Tenemos un sistema eléctrico similar al que tienen muchos países europeos pero arrastramos unas anomalías que distorsionan su funcionamiento y repercuten directamente en el consumidor.

Por un lado, los clientes deben a las eléctricas una cantidad cada vez mayor. Todos los agentes del sector coinciden: el déficit tarifario sigue creciendo y ronda ya los 20mil millones de euros. Pero por otro lado, estas mismas empresas que arrastran la deuda consiguen unos beneficios que les permiten expansionarse por América Latina y seguir creciendo. Para algunos estos beneficios son desmesurados y se han conseguido gracias al mal diseño de la ley.

Es un sistema estratégico, complejo y de difícil regulación. Además de sus características físicas, de la dificultad de producir de inmediato, de no poder almacenar hay que ajustarse a los objetivos europeos que impulsan la producción con energías limpias pero la entrada de las renovables, con el boom de la fotovoltaica, ha descuadrado las cuentas públicas.

Esto es sólo la descripción de un sector que demanda un pacto de estado que no llega y que pide a gritos una reforma que permita a las empresas jugar con unas reglas de juego claras donde el consumidor no acabe perdiendo.