Agricultores, maestros, abogados… Unas 100.000 familias se sienten estafadas. El Gobierno les convenció para invertir en energía fotovoltaica y son propietarios de la mayoría de las 54.000 instalaciones capaces de transformar la energía solar en electricidad. Ahora, se sienten engañados porque el mismo Ejecutivo recorta las subvenciones dos años después. Cieza (Murcia). Familia López Santiago. El recorte les cuesta 80.000 euros más al año.
Invirtieron sus ahorros o ampliaron el crédito hipotecario de sus casas para invertir en energía fotovoltaica. “Nadie lo hace para hacerse rico, es una ayuda a medio plazo para la economía familiar o se plantea como un plan de pensiones”, explica Miguel Ángel Martínez Aroca, pequeño inversor afectado por el recorte de horas subvencionadas establecido en el Real Decreto-Ley 14/2010.
El citado recorte busca reducir el déficit creado en el sector eléctrico español desde 2000, que asciende a 25.000 millones de euros. Según el Ejecutivo, la medida permitirá ahorrar al sistema eléctrico 2.200 millones en tres años. Pero los pequeños inversores se sienten estafados. “Este Ejecutivo que se dice socialista y ecológico ha utilizado a la ciudadanía más creyente en energías renovables y nos ha llevado a la ruina”, se queja Martínez Aroca. Interviú recoge testimonios de familias que ven reducidos sus ingresos cuando aún no han rentabilizado las inversiones hechas en la fotovoltaica.
Fuente y más información en la revista interviú.
Esta es la realidad del sector.
De los más de 4.000 MW de potencia instalada de energía solar fotovoltaicas. Más del 60% está en manos de pequeños inversores y particulares.
El resto corresponde a agrupaciones y empresas mayores.
Esto ha sido bastante manupulado en campañas contra el sector.
Fuente: JumanjiSolar
Según ASIF, más de 200.000 personas resultarán afectadas por los recortes a la fotovoltaica.
Como consecuencia de las medidas retroactivas del Real Decreto 1565/2010 y del Real Decreto-Ley 14/2010.
Como consecuencia de las medidas retroactivas del Real Decreto 1565/2010 y del Real Decreto-Ley 14/2010.
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