El acuerdo, por el momento, va sobre ruedas aunque ha habido roces. Sebastián amenazó a mediados de enero con tomar represalias si las eléctricas no retiraban sus recursos en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo tal y como se habían comprometido.

Las compañías no han querido romper el pacto y ayer mismo -una vez despejado el contenido del Acuerdo Social- enviaron una petición para retirar las cautelares solicitadas ante el temor de que las compensaciones para los ciclos combinados de gas no se materialicen.

Según fuentes consultadas por elEconomista, las negociaciones entre eléctricas y el Gobierno comenzaron en octubre.

Sebastián recibió a los presidentes cuarenta minutos en su despacho, un hecho que consideraron irritante. Tras este desplante, producido por los constantes reproches públicos de las eléctricas al Gobierno, las compañías decidieron acudir al presidente y aprovecharon la reunión del G-20 para plantearle la necesidad de alcanzar un acuerdo y de titulizar el déficit para sanear sus balances.

El Ejecutivo solicitó a las eléctricas que «no hicieran ruido» para avanzar en este pacto ante las reticencias que había planteado el Banco Central Europeo a la colocación del déficit y por la volatilidad de los mercados financieros, lo que provocó que la colocación, prevista para noviembre, no se cerrara hasta el 11 de enero, una vez resueltos todos los problemas.

La Subcomisión de Industria del Congreso también cerró en noviembre su informe sobre el mix energético, donde finalmente desechó la creación de una tasa a la hidráulica y la nuclear, al tiempo que abría la posibilidad de crear el denominado céntimo verde, una tasa en las gasolinas para financiar el coste de la renovables. Esta medida pronto fue abandonada. A Industria no le gustaba y tenía la oposición frontal del presidente de Repsol y vicepresidente de Gas Natural, Antonio Brufau, y del consejero delegado de Cepsa, Dominique de Riberolles, por lo que esta opción quedó definitivamente aparacada, pese a la presión de algunas eléctricas.

El 10 de diciembre, Industria envió a la CNE la memoria económica de la orden de tarifas donde se establecía la congelación de los llamados peajes. Pero en un párrafo adicional, daba ya las primeras señales de un acuerdo. Tal y como desveló este diario, aparecía una subida de un 72 por ciento de los pagos por capacidad para compensar los efectos del decreto del carbón, lo que supone ingresos adicionales para las eléctricas de 726 millones de euros al año.

No obstante, el pacto definitivo se alcanzó cuando la Comisión Nacional de Energía avanzó también en la retribución a la distribución. Con este punto se solucionó un problema que llevaba empatanado más de dos años, donde las compañías no habían cobrado más de 700 millones.

Sin embargo, para las eléctricas esto seguía siendo insufiente, y era necesario subir la luz como reflejaba el mercado (la tarifa está compuesta en un 60 por ciento por la parte regulada-peajes- y en un 40 por ciento por los costes que reflejen las subastas del mercado mayorista).

La subida de la luz era la concesión definitiva y por ello el Ejecutivo esperaba que se solucionase la oposición frontal de las eléctricas al carbón, a la que se sumó la Xunta de Galicia con un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo. De hecho, eso provocó las quejas del ministro de Fomento, José Blanco, por el temor a perder peso electoral en Galicia y forzó a crear una Comisión de Seguimiento a la que mostraron su rechazo las empresas del sector.

Hasta el último momento las eléctricas han mantenido la tensión para intentar que se solucionasen los problemas de los ciclos combinados de gas, lo que ha puesto a Sebastián contra la pared. El presidente del Gobierno llegó incluso a encargar a la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, que vigilase el Pacto de la Energía que Sebastián no logró cerrar.

Por su parte, las eléctricas comenzaban a ganar la batalla legal tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo contra el decreto del carbón y los sindicatos mineros y Carbunion incrementaban su presión, ya que se habían aceptado las medidas cautelares solicitadas. Los nervios se apoderaban tanto en Industria como en Moncloa forzando aún más la necesidad de este acuerdo.

En dicho documento además se incluían los puntos de acuerdo con el sector eléctrico. Se reconocía más déficit, con lo que las eléctricas cobrarían 4.000 millones más por el agujero eléctrico en los próximos quince años, y se resolvían problemas jurídicos como el existente con la estrategia de ahorro y eficiencia energética (E4) que prohibieron los tribunales que se pagara dentro de la tarifa.

A las eléctricas, por su parte, se las cargaba con una ampliación del bono social para las familias más desfavorecidas, con el coste de la E4 y con un peaje a la distribución. Estas medidas suponían una penalización total de 600 millones, a los que habría que sumar los otros 600 millones anuales en los que la CNE había cuantificado el coste del decreto del carbón. En total 1.200 millones de penalizaciones para las grandes eléctricas y que las firmantes del pacto se encargaron de bendecir con un comunicado cada una en el que reiteraban «esperamos que sea lo último con lo que se nos arrincona».

En medio de este entramado siempre se encontraba el problema de los ciclos combinados que centran ahora la discusión entre sector y la administración para que se busque una forma de compensación por las menores horas de funcionamiento a las que les obliga el decreto del carbón. (-y el aumento de producción renovables en los últimos años-)

Por este motivo, cuando se incluyó la revisión de la tarifa eléctrica en el acuerdo social saltaron todas las alarmas. 

Sebastián pretendió mezclar la jubilación de las personas con el cierre de Garoña y se lió un buen escándalo.

En las propuestas iniciales se quiso introducir la ubicación del cementerio nuclear, un tema que se ha politizado y cuyo retraso ya cuesta más de 8 millones de euros ya que desde el 1 de enero España paga a Francia 60.000 euros diarios por albergar los residuos nucleares.
El ministro aprovechó para lanzar una nueva amenaza a las eléctrica por no retirar el recurso del carbón y volvió a introducir los puntos que ya habían sido pactados previamente con estas compañías.

A través de las presiones de Unesa, con su nuevo presidente Eduardo Montes, la CEOE se negó a firmar el acuerdo si no se retiraba dicho punto. El presidente de la patronal, Joan Rosell, a su vez consejero de Gas Natural Fenosa, consiguió que este punto desapareciera del acuerdo.

Moncloa paró los pies al ministro, y tal como mostró ayer elEconomista en un mensaje de móvil de Zapatero a la ministra de Defensa. En concreto, el propio presidente le explicó a Carme Chacón a través de un sms que todo había sido «un error de Miguel» Sebastián.