El consumidor doméstico de electricidad en España paga tarifas que se sitúan entre las más caras de Europa, según datos de la agencia estadística europea, Eurostat, sino que, caso único en el mundo —ahí es nada—, mantiene una deuda con el conjunto del sector eléctrico —las empresas— que supera los 24.000 millones y que crece de forma crónica año tras año. Más aún. Entre 2006 y 2011, el precio de la electricidad para los consumidores domésticos españoles, siempre según Eurostat y excluidos los impuestos, aumentó un 69,9% mientras en la UE (27 países) creció un 19,9% y en el área euro un 13,1%.
Cualquiera podría pensar que con una subida de precios del 70% en cinco años, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo (12,3%), se podrían haber ajustado ingresos y costes del sistema para sujetar el déficit. Pues no. Lejos de ello, la diferencia entre los ingresos de las empresas y los costes que se les reconocen no ha dejado de crecer. El déficit supera los 24.000 millones y este mismo año, con subidas de tarifas domésticas del 7% en abril y de en torno al 4% en julio, el agujero puede crecer en otros 5.000 millones más. La conclusión es obvia: el sistema de fijación de precios no funciona. Está bajo sospecha. Por dos razones: porque fue concebido en un sistema diseñado para crecer de forma continuada —la demanda eléctrica se ha desplomado desde 2008 y hay sobrecapacidad de producción— y porque nadie se fía de cómo funciona.
Para comprender lo delicado del momento bastan dos pinceladas. Las tarifas que paga el usuario acogido a la llamada tarifa de último recurso (TUR) son el resultado de sumar dos apartados: los precios de la energía que decide una subasta cada tres meses y los llamados “peajes de acceso” que aprueba el Gobierno y que retribuyen a las empresas por transportar, distribuir, producir sin contaminar (primas a las renovables) y atender las necesidades de las islas, Ceuta y Melilla. Pues bien: en el caso de la subasta trimestral, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) investiga desde hace un año si, como sostienen algunas denuncias públicas, las empresas comercializadoras “calientan” los precios días antes de la subasta para ajustar los precios a sus necesidades; y en el caso de las tarifas de acceso —la parte regulada—, es el propio Gobierno el que analiza qué ha sucedido para que los costes hayan crecido de forma continuada en los últimos años pese a la caída de la demanda.
Aunque hasta ahora el acento se ha puesto en las primas que cobran las renovables —cuya cuantía, incluida la cogeneración se encamina hacia los 7.000 millones al año—, las empresas temen que el Ejecutivo haya decidido investigar, de forma decidida, qué costes se reconocen a las empresas y si todos ellos son razonables. En marzo, el Gobierno dio un mordisco de 940 millones a esos costes reconocidos a las compañías y congeló las primas a nuevos proyectos de renovables.
Mientras el Gobierno estudia y aguanta las presiones de las empresas, el consumidor se mantiene como el protagonista de una historia muy vieja: la del infeliz que cuanto más paga más debe.
Fuente: El Pais
